Paritaria docente en Córdoba: por qué reclamamos 30 % al básico, elecciones de delegados y un plan de lucha desde las escuelas

Paritaria docente en Córdoba: por qué reclamamos 30 % al básico, elecciones de delegados y un plan de lucha desde las escuelas

Con la revisión paritaria en marcha, una mirada crítica sobre la negociación salarial, la conducción de la UEPC y la organización desde las escuelas.

Por Lic. Gabriel Marco · Tribuna Docente, en Unidad desde las Escuelas, Calamuchita · 27 de octubre de 2026

En estos momentos, estamos en plena discusión salarial y desarrollando asambleas en toda la provincia. El acuerdo paritario firmado en abril estableció incrementos mensuales desde mayo, un piso anual garantizado y una cláusula de revisión en octubre para cotejar la evolución de los salarios con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), con vigencia hasta enero de 2027. Tras el pedido formal del gremio de activar esa instancia, el Gobierno provincial convocó a la UEPC a reabrir la discusión.

La conducción provincial de la UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba), encabezada por la lista Celeste, tiene ahora la responsabilidad de dar una respuesta concreta al deterioro de nuestros ingresos. Desde nuestra perspectiva, existe el riesgo de que la negociación termine funcionando como un mecanismo para contener el conflicto y garantizarle al gobernador Martín Llaryora un comienzo de clases sin medidas de fuerza en febrero y marzo, en la antesala de las elecciones provinciales de 2027. Una eventual tregua sindical le permitiría al Gobierno evitar un conflicto docente en un momento políticamente sensible.

El antecedente: la paritaria de abril

Ese riesgo no es hipotético: el acuerdo vigente no fue aprobado por las bases, sino impuesto a pesar de ellas. La cuarta oferta del Gobierno fue rechazada en las escuelas, y no solo por la Delegación Capital, la más grande de la provincia: también la rechazaron delegadas y delegados de Unidad desde las Escuelas y de otras organizaciones independientes, incluidos los del interior. Aun así, en la asamblea provincial del 20 de abril, la mayoría alineada con la conducción celeste aprobó esa propuesta con modificaciones introducidas sobre la marcha. En los hechos se trataba de una quinta propuesta, distinta de la que habían debatido las escuelas, que nunca se puso a consideración de las bases docentes. La oposición pidió votación nominal y la conducción la rechazó, lo que consideramos un intento de ocultar cómo se votaba.

Además, la asamblea se realizó en condiciones que cuestionamos. Según la denuncia penal presentada por la Delegación Capital contra el gobernador Llaryora, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la cúpula policial, la sede gremial estuvo rodeada por un fuerte operativo que impidió el acceso normal de docentes y delegados, se arrojaron gases a quienes intentaban ingresar, fue detenido un delegado opositor —lo que le impidió acreditarse y participar— y se detectó personal policial de civil dentro del recinto.

Más allá de la discusión sobre los detalles de lo ocurrido en esa vergonzosa jornada, sostenemos que un acuerdo salarial no puede cerrarse en un clima de vallas, gases y presencia policial dentro del recinto: se trató de un grave ataque a la libertad sindical. Por eso responsabilizamos políticamente a la conducción celeste, que sesionó y cerró el acuerdo en esas condiciones, sin que, según denunciamos, se haya informado quién ordenó el ingreso de policías de civil ni bajo qué marco legal.

Ajuste, precarización y un hecho gravísimo

Mientras tanto, se profundizan el ajuste y el deterioro de las condiciones de trabajo en las escuelas. Los salarios pierden capacidad para cubrir las necesidades básicas, crecen el endeudamiento y el pluriempleo, y se suman la sobrecarga laboral, los cuestionamientos al régimen jubilatorio, la falta de titularizaciones y otras formas de precarización. La situación es cada vez más difícil para quienes sostenemos cotidianamente la educación pública.

A esta realidad se suma un hecho gravísimo que conmueve a la docencia de todo el país: el caso de Nancy Estela Godoy, una maestra rural de Corrientes cuya desaparición es investigada por la Justicia como un presunto femicidio. Esta situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de discutir las condiciones de seguridad y de trabajo en las que desarrollamos nuestra tarea, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

En el plano nacional, el Gobierno de Javier Milei avanzó con el ajuste sobre la educación pública y dejó de financiar el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), un componente salarial que contribuía a los ingresos docentes de las distintas jurisdicciones. Aunque la propuesta provincial de abril incluyó la garantía de su pago, estas medidas impactan sobre las provincias y profundizan las desigualdades salariales. Al mismo tiempo, los gobernadores, incluido Llaryora, sostienen sus propias políticas de ajuste, aunque en ocasiones se presenten públicamente como opositores al Gobierno nacional.

Una conducción sindical bajo cuestionamiento

En este escenario, las conducciones sindicales provinciales alineadas con la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) tienen una responsabilidad central. Desde una posición crítica, consideramos que sus estrategias de negociación no están alcanzando para frenar el deterioro salarial ni para organizar una respuesta nacional contundente frente al ajuste. En Córdoba, cuestionamos particularmente a la conducción Celeste de la UEPC, a la que consideramos políticamente vinculada al oficialismo provincial y más preocupada por contener el conflicto que por impulsar un plan de lucha consecuente.

La pregunta es si la conducción provincial va a canalizar el descontento de las escuelas hacia una verdadera pelea por el salario y las condiciones laborales, o si va a intentar cerrar el conflicto con una negociación insuficiente que termine favoreciendo al Gobierno —como ocurrió en abril— en la antesala electoral.

Qué reclamamos

Esta semana se desarrolla una nueva ronda de asambleas para discutir los reclamos docentes. El problema, desde nuestra perspectiva, es que todavía falta una propuesta salarial concreta que permita evaluar qué recomposición se exige, cómo se piensa conquistarla y qué medidas de fuerza se impulsarán si el Gobierno no responde. No alcanza con consultar si queremos reabrir la paritaria: necesitamos definir objetivos claros y un plan de lucha que esté a la altura de la situación.

Desde la docencia combativa planteamos la necesidad de luchar por un aumento salarial del 30 % al básico, con carácter remunerativo y bonificable, que permita recuperar poder adquisitivo y avanzar hacia salarios por encima de la línea de pobreza. También sostenemos que no debe resignarse la discusión paritaria de febrero y marzo, ni aceptarse un acuerdo que vuelva a postergar nuestros reclamos.

Democracia sindical: elecciones de delegadas y delegados

A esto se suma otra cuestión fundamental: la convocatoria urgente a elecciones de delegadas y delegados escolares. La Delegación Capital ya solicitó formalmente que se establezca el calendario electoral correspondiente a 2026. Consideramos indispensable garantizar que esas elecciones se realicen en tiempo y forma, para fortalecer la representación de las bases en cada escuela. Desde nuestra perspectiva, cualquier intento de postergarlas sin una justificación válida debilitaría la democracia sindical y limitaría la participación de la docencia en un momento en el que más necesitamos organizarnos.

Pagos extraordinarios y un conflicto que no está aislado

También cuestionamos los pagos extraordinarios y no remunerativos que el Gobierno provincial viene otorgando a determinados sectores del sistema educativo, como los reconocimientos vinculados con las pruebas Aprender y PISA. Si bien estos pagos pueden representar un alivio momentáneo para quienes los reciben, no reemplazan una recomposición salarial real, incorporada al salario y que repercuta en todos los conceptos correspondientes. Además, la selección de los sectores alcanzados genera interrogantes y reclamos por las desigualdades que produce entre modalidades, niveles y trabajadores del sistema educativo.

Pero el conflicto salarial no está aislado de otros problemas que atraviesan a la educación pública cordobesa. Mientras discutimos cómo llegar a fin de mes, el Gobierno avanza con TransFORMAR@Cba, un programa de reforma curricular y organizativa que, desde nuestra perspectiva, corre el riesgo de profundizar la sobrecarga laboral y trasladar a las escuelas nuevas exigencias sin garantizar los recursos ni las condiciones necesarias para llevarlas adelante. Cuestionamos que estos cambios se implementen sin una participación efectiva de quienes sostenemos cotidianamente la enseñanza, y reivindicamos la resistencia y la organización de las comunidades educativas para discutir qué educación necesitamos.

A esto se suman los reclamos contra la reforma previsional (Ley 10.694), sancionada por la Legislatura en plena pandemia, en 2020, que difirió por dos meses los aumentos a las y los jubilados, extendió de cuatro a diez años el período de cálculo del haber docente y aplicó un descuento del 20 % a quienes perciben dos haberes por encima de cierto monto; la exigencia de una transición real de la educación especial a la educación inclusiva, que hoy se declama pero no cuenta con las condiciones materiales y pedagógicas indispensables, y las denuncias por la pérdida de cargos y el debilitamiento de las bibliotecas escolares. Son conflictos diferentes, pero que confluyen en una misma preocupación: el deterioro de las condiciones necesarias para garantizar una educación pública inclusiva, con derechos laborales y recursos suficientes.

La salida: organizarnos desde abajo

Al Gobierno provincial y a la conducción sindical les está costando contener el malestar de una docencia cada vez más asfixiada por la situación económica. Frente a esto, creemos que la salida no puede ser otro bono aislado, una negociación a puertas cerradas ni una tregua que postergue los problemas hasta después de las elecciones. Necesitamos salario, estabilidad laboral, jubilaciones dignas, titularizaciones, mejores condiciones de trabajo y una verdadera defensa de la educación pública.

Frente a las políticas de ajuste y a lo que consideramos una estrategia sindical de conciliación con el Gobierno, la principal herramienta que tenemos es la organización desde abajo: debatir en las escuelas, elegir representantes, coordinar los reclamos y construir un plan de lucha democrático y sostenido.

En Córdoba, esa perspectiva tiene una referencia importante en la Delegación Capital de la UEPC, recuperada por la oposición combativa en 2023 y conducida por Franco Boczkowski, compañero de Tribuna Docente y del Partido Obrero.

La tarea es fortalecer la organización de cada escuela, unir los reclamos y construir una respuesta colectiva que nos permita frenar el ajuste, recuperar el salario y defender nuestras condiciones de trabajo. No podemos esperar que las soluciones lleguen desde arriba: tenemos que organizarnos para conquistarlas.

Frente a este escenario, la salida no puede depender de acuerdos entre las conducciones sindicales y los gobiernos, ni de promesas electorales. Dependerá de la capacidad de las y los docentes, junto con las comunidades educativas, para organizarse desde cada escuela, debatir democráticamente sus reclamos y construir un plan de lucha que unifique las demandas salariales, laborales, previsionales y pedagógicas. Necesitamos enfrentar de conjunto las políticas de ajuste que atraviesan al sistema educativo, tanto a nivel nacional como provincial, y defender cada puesto de trabajo, cada modalidad, cada biblioteca y cada derecho conquistado. La defensa de la educación pública no se juega solamente en una paritaria: se juega también en las condiciones en las que enseñamos y aprendemos, y en nuestra capacidad colectiva para decidir qué escuela queremos.

La discusión salarial es urgente, pero también es parte de una disputa más amplia por las condiciones de trabajo docente y el futuro de la educación pública en Córdoba.

Lic. Gabriel Marco · Tribuna Docente, en Unidad desde las Escuelas, Calamuchita · 27/10/2026